En el ámbito del sector de las comunicaciones, si bien el paisaje es más que conocido desde los últimos años, se profundiza aún más el objetivo de ir acabando poco a poco, pero sostenidamente, el derecho a la comunicación libre y plural
Recién terminábamos de celebrar los 35 años de la revista, en el mes de noviembre de 2010, cuando el ciudadano presidente de la República y la Asamblea Nacional (apenas faltándole días para concluir su período de mandato) sorprendían al país. Primero la aprobación por un lapso de 18 meses (hasta junio de 2012) de una Ley Habilitante que le faculta al Presidente para legislar por decreto a razón, según reza en el preámbulo de la Ley, “de los requerimientos planteados por las imperativas necesidades sociales existentes y agravadas por los eventos ambientales suscitados”.
Por otro lado, la Asamblea Nacional, en tan sólo dos semanas, aprobaba un total de veinte leyes , casi una ley por día, de manera inconstitucional pues ninguna de ellas fueron consultadas al país. En definitiva, un conjunto de leyes que pintaban a la nación de un paisaje político distinto, acorde con el objetivo de la conformación de una Venezuela socialista. Con razón el presidente de la República llegó a expresar en aquellos momentos que “Tenemos que acelerar la construcción del nuevo Estado social de derecho, de justicia y, al mismo tiempo, el hundimiento del viejo Estado burgués”.
En el ámbito del sector de las comunicaciones, si bien el paisaje es más que conocido desde los últimos años, se profundiza aún más el objetivo de ir acabando poco a poco, pero sostenidamente, el derecho a la comunicación libre y plural. El cerco que ya se había impuesto a los medios de comunicación, a sus profesionales, a los anunciantes con la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (conocida como ley resorte), ahora, con la reforma extendida al ámbito electrónico (léase Internet) y la reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones cierra aún más el círculo a una verdadera libertad de comunicación.
El país amaneció el primero de enero de este año con unas señales que se orientan hacia un proyecto político que se intenta imponer a la fuerza con visos de ilegalidad constitucional. Es más, el proyecto de país que se quiere dibujar fue negado el 2 de diciembre del año 2007 cuando el Presidente y su Gobierno pierden la reforma propuesta a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De haberse aprobado ésta, estaríamos en presencia, o en vías, de un cambio drástico de la estructura del Estado, de la forma de gobierno, de la concepción de la ciudadanía y del llamado poder popular. Esta propuesta de reforma signaba, con tendencia centralista y presidencialista, la conducción del país desde el Gobierno, introducía importantes cambios en la economía, aumentaba la injerencia del componente militar en la vida de la sociedad venezolana y concentraba, cada vez más, el poder en el figura del Presidente. Esta reforma constitucional, que fue negada, atentaba gravemente contra un concepto de libertad y de libertades que lejos de construir un sujeto consciente y de desarrollo, lo hacía más dependiente y minusválido frente al poder.
Sin embargo, a pesar de haberse negado esa reforma, ella se ha venido imponiendo. Primero fue la habilitante del 2008 (se promulgaron 26 leyes) y ahora esta nueva habilitante, así como todas las leyes que la anterior Asamblea Nacional impuso. Esa conducta pone en evidencia la falta de ética democrática que caracteriza a este proceso político. El sociólogo chileno Fernando Mires lo expresa con toda claridad y contundencia: “La democracia no es sólo un juego político, es una forma de vida que está sujeta a reglas y leyes, a límites y principios éticos que no se deben jamás transgredir aún al precio de aceptar la propia derrota”. Pero el Gobierno, su Ejecutivo y sus más cercanos seguidores se saltaron, sin ningún rubor, esa disposición ética.
Desde esa declaración de principios la revista ha querido analizar la ¿nueva? agenda gubernamental. De allí el título de esta entrega de Comunicación: Agenda Hegemón. Título duro, pero apegado a la realidad de su significado: término griego que significa dominador. Se emplea como sinónimo de supremacía de una comunidad política sobre otras. Una vez que el lector nos siga desde las páginas siguientes, podrá descubrir la significación y resignificaciones exactas del término: predominio en todos los órdenes de la vida política, social, ideológica, moral y cultural. Pierre Bourdieu hablaba de dominación simbólica hasta llegar a la dominación violenta de la vida entera.Y para terminar. Empezamos un año más de la revista con una presentación de sus contenidos bajo una estructura formal distinta. Es el inicio para Comunicación de un ciclo nuevo que esperamos guste. Gracias por compartir con nosotros los 35 años de Comunicación, porque es vuestra y nuestra revista.
