Revista COMUNICACION

Segundo Trimestre 2005


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Presentacion
Cultura Política
Cultura Política
Recursos
Una aproximación a la idea de la libertad de expresión y el derecho a la información desde una perspectiva de la historia de las ideas políticas o desde la dimensión jurídica o de la tradición legislativa establece una conexión entre su importancia y la estrecha relación con la noción predominante o propuesta de democracia. En el espacio de los medios se facilita la configuración de los diversos imaginarios sociales que pueden ser determinantes en los modos democráticos de una sociedad.

El lugar social que se constituye en los medios de comunicación es objeto de recurrentes amenazas por parte de los sectores de poder, entre los que destacan las configuraciones gubernamentales y las propias elites económicas privadas. Amenazas que medran en perjuicio de la posibilidad de la ampliación de los derechos de las mayorías que no constituyen necesariamente sujetos profesionales o propietarios de los medios, pero que al mismo tiempo también son sujetos en los procesos de interlocución comunicativa.

La calidad de los productos informativos implica necesariamente una práctica basada en principios deontológicos, con el necesario rigor en la práctica profesional del periodismo y las distintas profesiones de la comunicación social. Cercenar los espacios de libertad puede hacerse con normas jurídicas o sin ellas; los propios grados de libertad pueden ampliarse con las regulaciones democráticas: es decir aquellas que se elaboran de ese modo y orientadas a la ampliación de las capacidades de los ciudadanos frente al propio estado y los sectores económicos de los medios privados.

Así las amenazas a la calidad informativa no se reducen en los incidentes que pueden sufrir los periodistas, o a las iniciativas legislativas que pueden reducir sus garantías, también pueden incluir la discusión de la autonomía editorial, la situación laboral de los profesionales de la comunicación y la responsabilidad social de los medios, entre otros. Todos estos factores tienen gran incidencia en el resultado final que se observa en el escenario de los medios, pero resulta requisito necesario, previo e imprescindible, que se pueda garantizar el libre flujo de ideas e información.

El debate público sobre todos los temas, con sus consensos, diálogos y disensos, es el recurso de la sociedad para resolver o acotar institucionalmente sus diferencias. El reconocimiento de su valor esta contenido en diversos instrumentos internacionales de Derechos Humanos, como consustancial a la cotidianidad de toda persona y por ello, su consagración normativa en todas las constituciones nacionales.

Las normas legales expresan los consensos o las imposiciones que en determinado momento de una sociedad logran las distintas contradicciones discursivas de los sectores sociales que hacen vida pública. La actualidad nacional esta inmersa en un debate que se expresa en la consagración normativa de diversas propuestas legislativas que inciden de modo directo en la esfera de la comunicación masiva. En un momento en que la pretensión de resolución de las diferencias parece consagrarse en el campo de la elaboración normativa, como mecanismo de

La aprobación de las leyes de responsabilidad social y la reforma del código penal tienen importantes repercusiones en la práctica de la comunicación venezolana y expresan el estado actual del conflicto entre el gobierno y los medios. La consagración normativa no necesariamente implica una resolución de las diferencias, en ocasiones la imposición no deliberativa de ellas puede traducirse en un aliciente para nuevas contradicciones.

Las personas son muchas veces víctimas de esta confrontación entre las aspiraciones hegemónicas de los distintos grupos que pugnan por imponer su visión de la sociedad y que mantienen una relación instrumentalizada con ellos. Los reducen a una acción política refleja desconociendo su potencialidad como sujetos activos de la comunicación y con ello pretenden reducir su capacidad en las distintas esferas de la vida pública. En estos escenarios de emboscada política, fortalecer las capacidades ciudadanas es una estrategia válida que implica una articulación social con los sectores académicos, gremiales y profesionales asociados a la comunicación social.

En procura de continuar esta discusión en las interrelaciones entre las construcciones normativas, sus implicaciones para la práctica profesional y la afectación para las personas, este número recoge algunos estudios y aproximaciones sobre este relevante tema. En esta edición se incluye trabajos sobre la recientemente aprobada reforma al Código Penal, la ley de responsabilidad penal y las propuestas relativas a la Ley de Derechos de Autor y Autoras. Igualmente este número incluye aproximaciones sobre este problema desde otra perspectivas, no necesariamente jurídicas pero situadas en el ámbito político, ético o de los derechos humanos. Así hay una lectura de estas leyes y confrontaciones por parte de Sebastián de la Nuez y Alejandro Botía que aportan otras aristas para el análisis. En la sección de Estudios se presenta un trabajo de Carlos Guzmán Cárdenas que da cuenta de la cultura política del venezolano y otro que revisita las páginas de los diarios venezolanos y su relación con la idea política de la democracia que realizó Isabel Briceño.

Todas propuestas legislativas abonan importantes debates nacionales que no necesariamente nos muestran la capacidad deliberativa de las elites, sino más bien los juegos de imposición sobre lo diverso. En ese sentido sumamos este esfuerzo editorial a la procura de fortalecer un debate real sobre el sentido de lo público y a promover la necesidad de una centralidad de la persona humana frente a las apetencias y mezquindades de una desnaturalizada relación con el poder que olvida su razón de ser: el servicio a la sociedad y el bienestar de todos y todas.



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