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Varias organizaciones no gubernamentales y defensores de Derechos Humanos padecen ataques que cohíben su labor contralora de las cárceles venezolanas. Las denuncias y críticas para las mejoras del sistema son las causantes de estas limitaciones
Junio del 2003. Suena el timbre. Carlos Nieto Palma se aproxima a su puerta y, al abrirla, se encuentra con tres agentes de la policía política (DISIP) que tienen la intención de realizar una visita domiciliaria, pero no poseen la orden judicial para allanar su vivienda. Carlos se rehúsa. Los agentes le informan que sólo desean conversar con él. Luego de diez minutos de insistencia, por parte de los agentes, Carlos los deja entrar.
La tensión es palpable. Preguntas iban y venían y todas referentes a su trabajo como defensor de Derechos Humanos y su trabajo en las cárceles de Venezuela, entre otras cosas.
Un año más tarde, continúan las amenazas. “Nunca vas a vivir para contarlo” es la frase malintencionada que se encontraba escrita en los panfletos que recibieron varios vecinos de su edificio, haciendo referencia a Carlos.
Esto y otros tantos actos lo llevaron a pedir una solicitud de adopción de medidas provisionales “para proteger la vida, integridad personal, libertad de expresión y de asociación del defensor de derechos humanos Carlos Nieto Palma, quien labora como Coordinador General de la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad [ , así como] para proteger la vida e integridad personal de su familia…”, como se expresa en la Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 9 de julio de 2004.
Y es que desde hace 12 años, Nieto Palma se encuentra defendiendo y promoviendo los Derechos Humanos de los hombres y mujeres que se encuentran privados de libertad con la creación de esta ONG.
Como él, varias personas que se encargan de velar y observar el funcionamiento de los recintos carcelarios, padecen de ataques, actos de intimidación y amenazas o, simplemente, con la prohibición de ingreso a los penados e internados.
Observadores a tientas
Wilmer Linero, abogado especialista en Derechos Humanos y miembro del Observatorio Venezolano de Prisiones , confiesa que esta institución tiene casi 3 años que no puede ingresar libremente a las cárceles venezolanas.
“El observatorio se ha caracterizado por ser una organización que hace notoria y pública la vulneración de los Derechos Humanos en el ámbito penitenciario, por parte del Estado, a través de la denuncia. Por esta razón hemos tenido que pagar con el duro precio de no poder tener acceso a los establecimientos carcelarios. No hay una prohibición formal ni textual, pero cuando nos hemos apersonado a los establecimientos nos exigen la autorización del Director de Custodia y Rehabilitación del Recluso. Hemos pedido la autorización varias veces, pero no hemos recibido respuesta alguna”, comenta Linero.
Sin embargo, no han cesado de llevar a cabo su acción. “Nos hemos visto en la obligación de ingresar bajo la condición de abogado o bajo condición de visita sometidos a los vejámenes que sufren los familiares de las personas privadas de libertad.Hace como 8 meses intenté entrar en Yare como visitante, pero el director del penal me reconoció y no me dejó entrar”.
Los familiares visitantes de las cárceles sufren humillaciones, sobre toda las mujeres. Son desnudadas y revisadas hasta en sus órganos sexuales. Las mandan a hacer zancadillas para verificar que no lleven ningún implemento o sustancia ilícita oculta en sus genitales y las comidas son destrozadas para corroborar que no haya nada escondido en ellas. A pesar de todas estás extremas medidas de prevención la corrupción de armas ilícitas y drogas estupefacientes sigue siendo un negocio entre los guardias y las diferentes bandas hamponiles dentro y fuera de la cárcel.
En el año 2007, la OVP presentó una solicitud ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos , con lo que se logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictara cuatro medidas provisionales contra los abusos e irregularidades en Yare I y Yare II, El Rodeo I y El Rodeo II, el Internado Judicial de Monagas (La Pica) y el Centro Penitenciario de la Región de Centro Occidente (Uribana).
Las medidas provisionales señalan las condiciones infrahumanas en las que viven los presos: el hacinamiento, situación de escases sanitaria, falta de personal adecuado para el control de los retenes, y la no clasificación del recluso por grados de peligrosidad. Desde ese momento, la labor de la OVP ha sido coaccionada.
“Lo que se quiere lograr con estas medidas es garantizar la vida e integridad personal de los privados de libertad, pero a pesar de que el estado se ha mostrado con buenas intenciones y preocupado, no ha dado cumplimiento a cabalidad. Se siguen muriendo presos todos los días y sus condiciones no mejoran”, asegura Linero.
Las críticas no cumplen su papel constructivo
Las instituciones que visitan a las cárceles sin ningún tipo de impedimento son aquellas que realizan una labor más social que de denuncia. Un ejemplo, es la asociación civil Liberados en Marcha que desde hace aproximadamente nueve años lleva actividades culturales, deportivas, espirituales y de salud a diferentes recintos carcelarios. “Nosotros hemos realizado jornadas de salud, partidos deportivos, llevamos la palabra de dios y, nuestro testimonio de ex presidiarios de que sí existe el cambio. Antes éramos asesinos, ladrones, etc. y ahora, tenemos trabajo y familia, gracias a nuestra fe en Dios”, comenta José Argenis Sánchez, presidente de la asociación.
Sánchez es un ex presidiario que logró adaptarse a la sociedad por su convicción y fe cristiana evangélica. Él afirma que el Ministerio para el Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia apoya a la institución con los permisos necesarios para ingresar a los internados y centros penitenciarios. “Nosotros no hacemos denuncias, sólo ayudamos a los internos. También los orientamos sobre su salida del recinto, los obstáculos y oportunidades que encontrará en la calle. Nuestra labor es evitar que los que salgan vuelvan a estar tras la rejas por haber reincidido en los actos delictivos”.Esta organización es una de las pocas que se preocupa por la reinserción del exrecluso, preparándolo para el impacto que significa, para una persona privada de libertad, salir a la calle. Sánchez recuerda que cuando logró salir en libertad estaba desorientado. «Tenía años sin ver las luces de diferentes colores porque siempre veía un bombillo amarillo en mi celda. Tenía años sin ver diferentes mujeres porque estuve rodeado, `por nueve años, de puros hombres. Y además, mi familia no quería que yo volviera a mi barrio. No creían que yo estaba regenerado y tenían miedo. Liberados en Marcha se encarga de darle asilo y ayuda a la busqueda de empleo. Es una orientación».
Sin embargo, todo las experiencias que viven los internos dentro de los recintos carcelarios nunca se olvidan. Las humillaciones, el constante miedo y las condiciones infrahumanas hacen que el resentimiento social de los privados de libertad aumente durante los años de encierro. Cometieron un delito y deben pagar sus consecuencias, pero éstas deben ser aprendizajes para lograr una rehabilitación y evitar la reincidencia, pero como dice el penitenciarista Elio Gómez Grillo «las cárceles se han convertido en la universidad de la delincuencia. Entras siendo un ratero y sales siendo el peor de los matones».
Gómez Grillo apuesta a que la solución de los problemas no es la construccción de más penales ni internados sino la desmilitarización de estos. En el Primer Congreso Penintenciario Internacional realizado en noviembre de 2008, se llegó a la conclusión de que el personal que trate con los internos debe estar preparado para darles un trato adecuado y no un trato violento, para así rescatar los valores de estos individuos y lograr explotar su máximo potencial con actividades que los motiven al cambio. Gómez Grillo afirma que el 30% de los delincuentes son reincidentes, lo que significa que el mundo delictivo es un ciclo que se puede prevenir si se toman las medidas necesarias, realizando un cambio drástico en el Sistema Penitenciario, un saneamiento para lograr que el castigo regenere y no salgan más delincuentes de los que entran.
Entonces, si el Estado conoce las condiciones de la infraestructura carcelaria y no hace nada y, a esto le sumamos la prohibición de entrada a las instituciones a aquellos que velan por su buen funcionamiento ¿quién hará presión para que ocurra el cambio? ¿quiénes darán las críticas constructivas que ayuden a los internos y sus derechos? Cada actor implicado debe cumplir su labor: unos observadores, otros defensores, y las autoridades deben cumplir su deber de escuchar y ejecutar planes de acción que beneficien el desarrollo de la sociedad, no obstaculizar a aquellos que tienen ideas para el mejoramiento penitenciario.
Los observadores observan y son observados; los defensores defienden, pero no son defendidos sino atacados y; las autoridades solo se preocupan, pero no se ocupan. Este es el problema del Sistema Penitenciario Venezolano.
Karina Torres Mota
