Bajo el título de “Radiografía de la vulnerabilidad social en Venezuela y propuesta de políticas públicas”, el Instituto de Investigaciones Económicas
y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, reveló, el miércoles 13 de marzo, los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) correspondientes al año 2023.
La novena edición del estudio, que se realizó entre marzo y mayo del año pasado y alcanzó a un total de 12.683 hogares a nivel nacional, indagó en la realidad de la población en ámbitos como acceso a educación, salud, empleo y servicios públicos; seguridad alimentaria, ingresos, migración y programas sociales, entre otros, para dar cuenta de las disparidades socioeconómicas e identificar los principales problemas que vulneran sus derechos sociales.
Los profesores Anitza Freitez y Luis Pedro España, directora e investigador del IIES de la UCAB, respectivamente, tuvieron a su cargo la presentación.
Como coordinadora de la investigación, Freitez insistió en que “se ha querido poner énfasis en las situaciones de desigualdad y en las condiciones de vulnerabilidad que permanecen todavía enraizadas en ciertos sectores de la sociedad venezolana y cuya atención es necesaria, particularmente a través de la acción pública, a los fines de promover no solo una mayor equidad en el acceso a la estructura de oportunidades, sino también a la apropiación de las oportunidades desde el inicio y hasta el final de la vida”, afirmó la doctora en Demografía.
Asistencia a clases, alimentación escolar y rezago educativo
Entre los hallazgos destacados de la encuesta están los relacionados con el tema educativo. Según el sondeo, el volumen de población escolarizada subió tres puntos versus 2022 y llegó a 66% (7,61 millones de niños y adolescentes entre 3 y 24 años). Sin embargo, la ENCOVI indica que 40% de los alumnos entre 3 y 17 años que están escolarizados no asiste a clases con regularidad.
“Se trata de 2,6 millones de niños, niñas y adolescentes que faltan algunos días a clases, y casi el 50% de las razones aludidas con mayor frecuencia tienen que ver con la falta del personal docente por huelgas (30%) o por ausentismo (18%)”, comentó Freitez.
El rezago escolar también sigue apareciendo como dato persistente. Este indicador expresa los años de diferencia entre el grado/año que se debería estudiar, de acuerdo con la edad, y el que efectivamente se cursa o cursó. Entre los niños y niñas de 7 a 11 años aumentó el porcentaje de los que tienen rezago (de 32% a 40% en varones y de 34% a 37% en las hembras), respecto al nivel reportado en la ENCOVI de 2019-2020.
En el grupo de adolescentes de 12 a 17 años es más grave el retroceso en la trayectoria educativa. Entre los muchachos solamente 45% no muestra rezago y 18% califica en rezago severo, es decir, tienen dos o más años de retraso. La situación de las muchachas es un poco más favorable: 54% ha mantenido la continuidad de su escolaridad, pero sigue habiendo una fracción importante que califica en rezago leve (33%) y severo (13%).
“Se considera que esa población escolarizada en rezago severo está en riesgo de quedar excluida del proceso educativo”, apuntó Freitez.
Pobreza y vulnerabilidad: estancamiento
La edición 2023 de la ENCOVI apunta a que el 82,8% de los hogares quedó en la categoría de pobres por ingreso (no contaron con el dinero suficiente para adquirir la canasta básica) y 51,9% se ubicó en pobreza multidimensional, vinculada no solo a los ingresos sino a condiciones como vivienda, servicios públicos, protección social, trabajo y educación.
Si bien el aumento no es significativo (subió solo 1,4% en ambos casos), el estudio indica la “persistencia de muchos esquemas de carencias que repercuten sobre la calidad de vida de la población”.
“El enfoque de vulnerabilidad permite orientar los diagnósticos sociales en función de las intervenciones necesarias para superar las situaciones que afectan negativamente la calidad de vida de los hogares”, comentó el profesor Luis Pedro España, quien mencionó que la mitad de la población sigue en pobreza extrema.
Desigualdad y seguridad alimentaria: mejoras, pero con matices
La encuesta reportó una reducción del nivel de desigualdad económica en el país. El coeficiente de Gini, indicador que mide la concentración de ingresos entre los habitantes, cayó a 9,1 puntos, al pasar de 60,3 en 2022 a 51,2 en 2023.
“La reducción de la hiperinflación y la mejora económica de los últimos años han hecho que más personas tengan acceso a ingresos. Sin embargo, todavía somos un país muy desigual. Y si no se toman medidas estructurales, nos vamos a quedar con estos niveles, que son muy altos”, mencionó Luis Pedro España.
“La desigualdad social vinculada a las oportunidades está estrechamente relacionada con la ciudad o localidad en la cual se reside. Los procesos de centralización de las decisiones públicas y de concentración de los servicios sociales y públicos ha hecho que esta desigualdad no deje de aumentar”, sostuvo España, quien mencionó que 2,1 millones de personas se han mudado internamente en Venezuela como consecuencia de esto.
Brechas de género: mucho por hacer
Según los datos de la ENCOVI 2023, las desigualdades de género están afectando de forma importante las condiciones de vida de las mujeres.
Entre otros aspectos, solo 37,3% de las féminas en edad de trabajar participan en el mercado laboral, versus 62,7% de los hombres. Además, los caballeros reciben en promedio 7,7% más remuneración que las damas.
Las pocas horas de trabajo que tienen muchas féminas por responsabilidades de cuido (8,9% de ellas están abocadas a estos quehaceres), el “techo de cristal” o discriminación para cargos altos, la discriminación en los llamados “ámbitos masculinos”, la desvalorización de empleadores, las protecciones legales discriminatorias e, incluso, la propia subvaloración de muchas damas incide en esta situación.
“Superar las barreras de acceso de la mujer al trabajo es una manera de combatir la pobreza de ingreso y las condiciones de vulnerabilidad de los hogares”, aseveró Luis Pedro España.
#Encovipropone: la construcción de un camino de soluciones
Ante los hallazgos en las diferentes áreas, el estudio incluyó una serie de recomendaciones de política pública:
- Una política de juventud para romper el círculo de la pobreza
- Prolongar la permanencia de los jóvenes en la escuela
- Desarrollar políticas de primer empleo
- Intervención sobre el entorno comunitario
- Apertura al mercado de generación de energía y servicios públicos en general
- Inversión en movilidad interurbana
- Redefinición completa de la política social
- Cambiar las asignaciones de las transferencias monetarias y la distribución de alimentos.
- Crear un registro moderno de información social para intervenir sobre los hogares más vulnerables.
- Reformas urgentes en materia de servicios sociales
- Educación: eliminar el horario mosaico
- Reducir el gasto de bolsillo en salud
- Actuación coordinada sobre las áreas geográficas más vulnerables: fronteras y comunidades indígenas
- Coordinación con las agencias internacionales y nacionales que atienden las zonas con emergencia humanitaria.
- Alinear los esfuerzos de los organismos internacionales con las políticas gubernamentales.
Tomado de El ucabista
