La edición de SIC 767 está dedicada al escaso acceso a la información que hay en distinto sectores de la vida pública nacional
Fracturas en el chavismo, un control cambiario que no acaba con la crisis de dólares, acusaciones de corrupción a la exministra de salud María Eugenia Sader, silencio del BCV ante las cifras de inflación, son algunos de los acontecimientos que marcaron este período de vida nacional
Todos sabemos que las cosas no están bien en el país, pero lo que hace mucho peor esta situación es que ahora no contamos con la información clara de lo que pasa. El totalitarismo mediático ha silenciado la crisis económica y los problemas sociales. Hoy más que nunca se hace imprescindible que el ciudadano esté bien informado para asumir su responsabilidad pública y privada y también para exigir sus derechos.
Como señalamos en nuestro editorial “la ciudadanía tiene derecho a saber, por ejemplo, qué pasa con los recursos de la nación; qué entra por la renta petrolera y adónde va; qué producen las otras empresas del Estado y a qué costos, por ejemplo el complejo siderúrgico de Guayana; qué pasa con nuestros impuestos recolectados por el Seniat; cuál es el impacto real de la inversión social en la calidad de vida del venezolano. Hoy en nuestros barrios resurge el sentimiento de exclusión, en contraste con la propaganda del Estado; las protestas sociales de los sectores populares son el indicador”.
Ante el exceso de propaganda y una lógica de seguridad nacional cuyo objetivo es la censura, la sociedad se ha activado y creado sus propias fuentes, materializadas en observatorios que monitorean los problemas sociales y los derechos humanos. Algunos periodistas vienen haciendo trabajos de investigación que también han aportado mucho a la discusión.
Pero esto no es suficiente. Creemos firmemente que el acceso a la información es un derecho que el Estado debe garantizar con urgencia para poner las bases de un auténtico diálogo nacional, y para ofrecer certidumbre a nuestro quehacer cotidiano mientras buscamos las vías que nos lleven como sociedad a buen puerto.
Nuestra sección País político abre con dos trabajos: Se criminaliza un derecho: la protesta, escrito por Yovanny Bermúdez, s.j.; y La agenda electoral de 2014, por Luis Lander. En el Entorno económico, Ramón Espinasa analiza El sector petrolero quince años después.
El Dossier de esta edición lo forman seis voces que nos cuentan, desde sus regiones, lo que han supuesto estos meses de protestas y sus efectos en las comunidades. Conforman esta parte: Lara: epicentro de las protestas, de Piero Trepiccione; El Nula: mirada a una realidad que no protesta, de Carmen Pérez; Mérida en tiempos de guarimbas, de Rafael Duarte; Para pensar San Cristóbal, de Luis Gerardo Galvis; ¿A quién beneficia la protesta estudiantil en Oriente?, de Inés Aray; y De la protesta sindical al estallido estudiantil y vecinal en Guayana; de Oscar Murillo.
En La voz de las comunidades, Minerva Vitti hace una crónica sobre la experiencia del proyecto que desarrolla el Centro de Investigación y Conservación de Tortugas Marinas (Cictmar) en la Península de Paria. Y en Relieve eclesial, Pedro Trigo, s.j., le escribe una Carta a Dios. La Ventana cultural tiene una reseña del programa Conéctate y Convive, escrita por Dizzi Perales, s.j.
Como siempre Demetrio Boersner escribe en la Hora Internacional; y se suma un artículo más de Javier Contreras, s.j.: Elecciones en Colombia: una apuesta por la paz. Continuamos con nuestros acostumbrados Ecos y comentarios y la sección Vida nacional.
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