El P. Alfredo Infante, coordinador de Derechos Humanos del Centro Gumilla y Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad legal de Provea, ofrecieron una rueda de prensa para pronunciarse ante la demanda legal interpuesta por Rafael Lacava, gobernador del estado Carabobo.
La demanda por presunta difamación fue la respuesta del gobernador luego de presentarse el Informe de monitoreo del 2021, de Lupa por la vida. En la presentación del informe, Carabobo fue el estado con mayor número de presuntas ejecuciones extrajudiciales y se hizo un llamado al gobernador para investigar los hechos.
La rueda de prensa se llevó a cabo el 19 de mayo y estuvieron como voceros el P. Alfredo Infante, s.j., Marino Alvarado y el abogado Joel García. En apoyo, estuvieron presente representantes de organizaciones sociales, así como también víctimas de fuerzas de seguridad del Estado.
Lupa por la Vida
Lupa por la vida es un proyecto de investigación y divulgación que llevan adelante el Centro Gumilla y Provea. El objetivo es monitorear y documentar las violaciones al Derecho a la Vida por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, focalizado en las presuntas las ejecuciones extrajudiciales.
En el marco de este proyecto, se presentó el informe de monitoreo de 2021 en el cual se registraron 1.414 presuntas ejecuciones extrajudiciales a manos de los cuerpos de seguridad y en la actuación de policías estadales, la del estado Carabobo fue la más letal.
Palabras del P. Alfredo Infante, s.j.
Buenos días. En primer lugar, gracias por su presencia y solidaridad.
Quiero que sepan que tanto el Señor Marino Alvarado y yo, Padre Alfredo Infante, estamos afrontando este momento en paz, con fortaleza y, con mucho diálogo, en equipo.
Agradecemos enormemente la cercanía y solidaridad de muchas personas y organizaciones, que tanto pública como privadamente han mostrado su cercanía para con nosotros y nuestras organizaciones.
Muy especialmente quiero agradecer a los familiares de las víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales, quienes, desde distintos puntos de la geografía nacional, con sus palabras, oraciones y mensajes de aliento, nos han dado un espaldarazo, el más importante para nosotros por nuestra misión en defensa del derecho a la vida.
Recordar que el programa, Lupa por La Vida, es una alianza entre el Centro Gumilla y PROVEA, y, tiene como misión monitorear las presuntas ejecuciones extrajudiciales. Estamos del lado de las Víctimas y sus familiares, esa es nuestra parcialidad. No pretendemos otra cosa que defender el derecho a la vida y, reestablecer el Estado de derecho en nuestro país, para que haya Verdad, Justicia, reparación, para la no repetición.
Por todo esto, ante la acusación que se nos está haciendo de «difamación», por parte de la gobernación del Estado Carabobo, queremos hacer algunas precisiones y, plantear públicamente nuestra perspectiva al respecto:
1) Nuestro informe no es una campaña contra ningún gobernador, es una campaña a favor de la vida. Nuestro informe es nacional, no está focalizado en el Estado Carabobo. Es un informe nacional, georeferencial, dónde se evidencia que en el año 2021 hubo en el país 1414 presuntas ejecuciones extrajudiciales, en este marco, se evidencia que, entre las policías regionales, la policía del Estado Carabobo fue la más letal con 221 presuntas ejecuciones extrajudiciales, por primera vez, se superan los indicadores del estado Zulia, que tradicionalmente ha sido la más letal. Pueden entrar y revisar la página web de Lupa por la vida.
2) Ante estos hechos hemos insistido que se debe hacer una investigación para que los familiares de las víctimas conozcan la verdad, haya justicia y reparación y se detenga el círculo de impunidad. Pedimos investigación de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, no solo en el estado Carabobo, sino en todo el país, es un hecho extendido. Revisen nuestros mapas en nuestra web. Los familiares de las víctimas tienen derecho al acceso a la justicia.
3) Estamos convencido que pedir investigación ante presuntas ejecuciones extrajudiciales es un derecho y un deber ciudadano amparado por la constitución, no es un delito. La investigación no debe ser solo para identificar a los ejecutores de los hechos, sino también, a la cadena de mando. En el caso de las gobernaciones, según la ley de policía, los gobernadores son el último eslabón. En una investigación imparcial se probaría para salud de la institución y justicia para las víctimas, 1) Es necesario identificar si hubo o no ejecución y, si tal ejecución fue un hecho aislado o es parte de una política de Estado. Investigar las cadenas de mando es importante.
3) En LxV hemos venido insistiendo que hay que hacer una reforma policial efectiva e integral, que tome en cuenta también, la formación y calidad de vida de los policías. La misión de la policía es cuidar la vida, no matarla.
4) Valoramos la colaboración de cualquier gobernación que decida detener los ciclos de impunidad y la criminalización de los sectores populares, pues, casi el 100 por ciento de las Víctimas son jóvenes, varones, de sectores populares. En Venezuela, está instalado un imaginario que criminaliza a los jóvenes de nuestros barrios, pareciera que, para los planes de seguridad del Estado, ser joven, varón, de origen popular es equivalente a delincuente. Esto es injusto.
5. Estamos abierto al Diálogo. Cooperación. Mensaje al gobernador. Consideramos que la respuesta adecuada de cualquier gobernante debe ser, agradecer y proceder a una investigación, para fortalecer la institución y, garantizar así el derecho a la vida.
6) Quiero dejar claro que no tenemos nada personal contra el gobernador Lacava, lo único que hemos hecho ha Sido visibilizar los resultados de nuestro monitoreo. En mi caso particular, cómo hombre de fe, me mueve la reverencia por la vida, y, el sagrado mandamiento No Matar, y, mientras existan estás amenazas contra la vida, la iglesia mantendrá su voz y acción a favor de las víctimas y a favor de reestablecer el Estado Derecho.
6)Al Señor, gobernador Lacava, le preciso nuevamente el mensaje inicial, nuestro informe no es contra su persona, es a favor de la vida. Recomendamos que en vez de tomar medidas contra quienes buscan defender la vida, presione a la fiscalía para que abra una investigación sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales. Si así lo hiciera, estaría asentando un presente importante en materia de DD HH.
