El 2do manifiesto por el desarme y el derecho a la vida es una comunicación de diversas organizaciones sociales de Venezuela ante la aprobación de la ley desarme.
Nosotros, el conjunto de organizaciones sociales, personalidades, iniciativas sociales y populares suscriptoras de este documento, después de años de trabajo en incidencia y participación en las discusiones sobre el control de armas, municiones y desarme, saludamos la aprobación de la ley que recientemente fue promulgada por el poder legislativo y ejecutivo del país, para cumplir obligaciones ante la sociedad venezolana en la disminución de la violencia y la mortalidad a causa de las armas de fuego.
En los últimos meses hemos realizado una serie de seminarios y encuentros para discutir sobre el desarme en Venezuela con un conjunto de organizaciones sociales e individualidades que nos han acompañado a elaborar análisis y propuestas ante el enorme reto que tenemos por delante.
Ante todo, nos complace que se haya concretado un instrumento jurídico que aumenta las responsabilidades del Estado en el control de armas y municiones. Esta medida da pie al desarrollo de una política integral de desarme que debe hacerse efectiva y sostenida.
Sin embargo, es a partir de este momento que debemos implicarnos aún más en la tarea de pacificar nuestra sociedad y conseguir, dentro de la construcción de una política pública, un amplio consenso social en la idea de que la disminución de las armas y las municiones en la calle puede mejorar la convivencia y la seguridad de la gente. Esta es una esperanza que debe ser tangible en la medida en que disminuya el luto y haya justicia, reparación y acompañamiento a las víctimas que ya ha dejado la violencia armada.
En estos años hemos desarrollado, acompañado y sido testigos de distintas y variadas iniciativas que han intentado paliar las causas y los efectos de la violencia pero la cantidad de crímenes y homicidios violentos por armas de fuego nos indican que aún queda mucho trabajo por hacer y prácticas por corregir.
En ese sentido nos manifestamos sobre la Ley de desarme y control de armas y municiones, además del rol de la sociedad ante este reto:
Con respecto a la ley desarme
– Consideramos que los procesos de control de armas, municiones y desarme, cuyas competencias recaen casi exclusivamente sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, podrían incorporar la participación protagónica de la ciudadanía para coordinar acciones, acompañarlas y velar por su cumplimiento. Sobre todo en aquellos rubros que signifiquen rendición de cuentas (artículos 11, 12, 60 y 61) y contraloría social, en procura de mejorar la seguridad ciudadana, la transparencia y la confianza institucional.
– De hecho, en el artículo 84 se dice que el Plan Nacional de canje de armas y municiones se hará con la participación del poder popular organizado y el artículo 85 suma a otras organizaciones sociales en el Fondo para el desarme. En ese apartado es sumamente importante que estén claros los incentivos para la entrega voluntaria de armas de fuego, de manera que no haya reincidencias. El rol de las madres, hermanas, hijas y compañeras de aquellas personas que poseen armas y deseen entregarlas al Estado, será sumamente importante para mejorar esa etapa del desarme.
– Consideramos, sin embargo, que la amnistía contemplada en el artículo 88 de la ley no queda suficientemente clara para los casos en los que tanto el arma como su usuario están incursos en hechos delictivos cuyas víctimas aún esperan por justicia.
– Es positivo que la nueva ley regule los protocolos de recuperación, incautación, custodia y destrucción de las armas de fuego y sus municiones. Eso disminuirá el reciclaje de armas y la corrupción interna de algunos individuos que laboran en cuerpos de seguridad, a quienes se les castigará de manera más severa. El reglamento que regulará los procedimientos periódicos de destrucción de las armas de fuego contemplados en el artículo 98 de la ley, puede incluir también la participación pública de la ciudadanía.
– Apoyamos que se haya atendido la solicitud de implementar el marcaje individualizado de las municiones. Es un método que permite disminuir la fuga de balas hacia el mercado ilegal y representa no sólo un avance en el control de municiones sino también una actualización tecnológica de las empresas estatales implicadas en este mercado. Celebramos que además ese marcaje de armas y balas esté asociado a un registro. Es imperativo reglamentar el procedimiento respecto de los diversos eslabones de la cadena que van desde la producción y distribución, hasta las manos de un asesino. Si hay determinación política, se puede romper la cadena que va de Cavim al pistolero; pero para hacerlo hay que hacer frente a muchos intereses y acabar con muchas corruptelas.
– Entendemos que el concepto de la ley es controlar con rigor el mercado legal de armas y municiones para “secar” el suministro del ilegal. Bajo esa lógica, consideramos que también el reglamento que normará las recargas de municiones para los casos excepcionales previstos en la ley, debe ser lo más estricto posible con el fin de disminuir posibles fugas a partir de las excepciones a la norma.
– Otro avance en la ley es la implementación de registros automatizados para portes de armas, armas y municiones inmediatamente después del marcaje. En este caso, se debe procurar que las bases de datos estén interconectadas, actualizadas en tiempo real y accesibles para los distintos órganos de seguridad del Estado, para facilitar los planes de prevención y contingencia de las policías, así como la investigación y detección de armas y municiones irregulares.
– Consideramos que el artículo 77, que prohíbe la difusión por todos los medios de comunicación de “informaciones o imágenes que promuevan o inciten el uso de armas de fuego y municiones”, debe ser mejor explicado en el reglamento correspondiente para no convertir la ley en un instrumento de censura bajo libres interpretaciones.
– Asimismo, queremos informar a los estados, municipios y consejos comunales, como expresión del poder popular, cuando realicen las campañas por la paz y el desarme como indica el artículo 79, que también pueden contar con las organizaciones sociales, iglesias, universidades y muchísimos otros colectivos y movimientos populares para llevar adelante la gran tarea de vencer la violencia y aumentar la transparencia de los procesos.
– Por último, vemos con preocupación que no se haya incorporado a la ley un fondo de atención para las víctimas de la violencia armada. Esta materia es tan importante como la prevención, y debe ser atendido por el Estado para dar respuesta a los familiares y víctimas que puedan necesitar apoyo material, económico y psicológico para superar su situación y conseguir justicia.
Con respecto a la incorporación de la ciudadanía y los retos por venir
– Consideramos que en lo inmediato debemos hacer una amplia movilización social organizada para monitorear el cumplimiento de esta nueva legislación y así asegurarnos que pueda ser realidad el camino a la paz.
– Como todo instrumento legal, esta Ley de desarme y control de armas y municiones deberá contar con una voluntad política indeclinable para su plena ejecución y por eso demandamos que las instituciones públicas den los primeros pasos en un tiempo relativamente corto y que las medidas anunciadas sean puestas en marcha con efectividad. Es nuestro deseo, y el de las organizaciones que nos acompañan, apoyar el cumplimiento de estos objetivos.
– Es esencial, además, exigirle al Estado venezolano que se integre aún más al consenso regional y mundial en torno a la necesidad de trabajar coordinadamente para lograr un verdadero control universal de las armas y municiones. Ningún Estado puede controlar por sí solo el flujo de armas que implica a muchos actores en distintas regiones a la vez. Venezuela debe asumir con confianza las oportunidades que ofrecen varios instrumentos internacionales que promueven una actitud más responsable para todos los Estados al momento de velar que las armas no terminen siendo usadas en atrocidades o abusos, firmando, o ratificando esos tratados o convenciones de manera expedita.
Estamos convencidos de que “Hablando se entiende la gente”, y por eso, al igual que en 2010, manifestamos nuestro interés y compromiso por el desarme y la vida.
Organizaciones que suscriben el documento
– Fundación Centro Gumilla.
– Programa Venezolana de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
– Amnistía Internacional. Sección Venezolana.
– Fe y Alegría.
– Fundación Esperanza Venezuela – Caritas de Venezuela.
– Psiquearte.
– Convite AC.
– Laboratorio de paz.
– AC Sinergia
– Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
– Paz Activa
– FIPAN – Transparencia Venezuela
– Cecodap – Espacio Público
– Justicia y Paz. Los Teques
(… siguen las firmas…)
