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El país posible: Propuestas para superar la crisis de seguridad pública

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Por Ana María San Juan. Venezuela atraviesa una de las peores crisis de seguridad pública de su historia y de la región. Desde hace dos décadas y media, la tasa de homicidios del país no ha hecho sino subir en todas las formas. ¿Qué hacer al respecto?

Publicado en la Revista SIC 725

El problema ha sido largamente invisibilizado por tirios y troyanos, es decir, por la cuarta y por la quinta, ambos periodos responsables de su crecimiento. En los pocos momentos en los cuales entra el tema en el debate público es para instrumentalizarlo con fines políticos o electorales, responsabilizándose los unos a los otros, hablando de los muertos de antes del 99 o los del 99 hasta la fecha, como si fuera posible hacer distinciones, como si la polarización se extendiera hasta el más allá o al paraíso prometido.


El problema ha sido largamente invisibilizado por tirios y troyanos, es decir, por la cuarta y por la quinta, ambos periodos responsables de su crecimiento. En los pocos momentos en los cuales entra el tema en el debate público es para instrumentalizarlo con fines políticos o electorales, responsabilizándose los unos a los otros, hablando de los muertos de antes del 99 o los del 99 hasta la fecha, como si fuera posible hacer distinciones, como si la polarización se extendiera hasta el más allá o al paraíso prometido.

Después de 25 años de un inconmensurable y atroz sufrimiento humano por parte de las cientos de miles de víctimas y sus familiares, el país sigue contemplando inerme y escéptico, el crecimiento exponencial de todos los delitos y la violencia, escondiéndose tras las rejas, fingiendo que la violencia es evitable con cadenas, encerrándose, o lo que es peor, con un arma de fuego.

Miles de millones de bolívares cuesta la violencia. Hasta ahora, el país persiste en su eterna adolescencia: los políticos se acusan unos a otros de lo que pasa y nos pasa. La violencia nunca proviene de nosotros, ni nosotros somos sus responsables. No nos queremos reconocer en los actores de violencia, pero allí estamos, de protagonistas de la enfermedad que se extiende y que abarca todas las áreas de la vida social. De esta manera es imposible abordar el problema y encontrar soluciones compartidas. De todos es sabido que las terapias de recuperación de enfermos pasan por admitir la enfermedad, sus características y consecuencias. Esto no es sólo un problema de malandros y de víctimas. Lo es también de la violencia social, la corrupción, la violencia contra las mujeres y niños, la violencia carcelaria; la agresividad extrema en la calle, en la casa, en la esquina, de la pasmosa cultura de la ilegalidad que recorre la sociedad y sus instituciones. Hemos llegado hasta donde estamos por nuestra lenidad absoluta al respecto. Y las cosas van a seguir empeorando a no ser que hagamos algo todos, no solo el Gobierno, no solo la oposición, sino toda la sociedad venezolana.

La violencia es un problema social, prevenible y controlable. Requiere de medidas lógicas y ajustadas a la realidad, concertadas socialmente, evaluables de manera permanente por las instituciones. Son muchas las medidas que se pueden adoptar a nivel municipal, regional y nacional. Es un trabajo de todos los actores: el Estado, la empresa privada, las comunidades, los medios de comunicación, la Iglesia. 

Enfoques y abordajes

A continuación, los enfoques y abordajes de una política de seguridad y convivencia (acercamientos que se apoyan):

  • Abordaje epidemiológico: violencia como epidemia, acercamiento a partir de sistemas de información sobre determinantes y localización de la ocurrencia de la violencia.
  • Poder popular:  pueblo, sociedad organizada y Estado aliados en la prevención y en el control de la policía.
  • Derecho humano a la seguridad ciudadana: contrario a la falsa contradicción entre DDHH y seguridad, se asume  esta última como un derecho humano (artículo 555 de la Constitución actual). El pueblo no quiere violencia delincuencial, pero tampoco la violencia policial.
  • La seguridad trasciende los temas policiales, aunque los incluye: para el logro de una convivencia digna, es necesario mucho más que políticas policiales, aunque éstas son, también, fundamentales.
  • Prevención situacional y social:
    • Prevención situacional: reducción de oportunidades para la comisión de delitos mediante el reordenamiento urbano y modificación de las situaciones en la que ellos ocurren (iluminación, revitalizar espacios públicos para la convivencia, promover el diseño urbano seguro).
    • Prevención social: es el conjunto de estrategias institucionales y comunitarias dirigidas hacia las causas sociales, personales o familiares de la violencia, interviniendo los precursores del comportamiento violento o delictivo (prevenir y reducir la violencia de género, la participación de jóvenes en los hechos de violencia, el consumo problemático de alcohol y el consumo de drogas, desarrollo de intervenciones interagenciales en zonas críticas, reducir la circulación y uso de armas de fuego, reducir y prevenir la accidentalidad vial).
  • Los déficit de convivencia como causal de violencia:conocemos que más del 50% de los homicidios y lesiones graves se producen por problemas interpersonales y por la falta de mecanismos institucionales efectivos de contención y manejo de los conflictos particulares e intracomunitarios

Líneas estratégicas

Las líneas estratégicas para una política de seguridad y convivencia se concretan en el poder popular, es decir, en los gabinetes parroquiales de seguridad, de esta manera:

  • Gabinete parroquial de seguridad: instancia de co-gobierno pueblo – alcaldías, responsables de diagnosticar, concertar políticas y monitorear la acción de las alcaldías. Supone un modelo de participación en la definición de los problemas, las políticas y monitoreo de la acción de gobierno. Es el poder popular en ejercicio.
  • Diagnóstico (primer paso de los gabinetes): la comunidad recibe formación y acompañamiento para elaborar sus propios diagnósticos de seguridad y elaboración colectiva de propuestas de políticas públicas

Es allí, tras el diagnóstico y una vez conformado el gabinete parroquial de seguridad, que la juventud debe ser atendida como sector prioritario dado que los jóvenes varones de los sectores populares urbanos son: 
      a) son el sector que concentra el mayor número de víctimas y victimarios.

     b) se acercan menos que otros sectores a las misiones sociales y desertan más del sistema escolar, siendo más vulnerables a iniciarse en la espiral de violencia.

El elenco de programas para jóvenes debe contemplar:

     a) Formación para el trabajo, agencia de empleo juvenil y acompañamiento en áreas atractivas (tecnologías y comunicación).

     b) Escuelas de paz: extender la atención de escuelas en la noche y fines de semana para ofrecer actividades de cultura, arte, manejo del ocio y deporte a las comunidades, especialmente a jóvenes en situación de vulnerabilidad social. El objetivo es crear los incentivos y las condiciones para que ellos se puedan expresar, crecer, pensar y construir su propio proyecto de vida. La escuela es un espacio privilegiado para la educación en valores universales y de ciudadanía, actuando como lugar de encuentro de diversos integrantes de las comunidades para la reflexión y superación colectiva de las necesidades locales. Las actividades que se realizan en este proyecto procuran atender los intereses locales y aprovechar la oferta de personas con habilidades y talentos del entorno. Las actividades más frecuentes desarrolladas por las escuelas de paz son capoeira, aeróbicos, artes marciales, informática, hip-hop, grafitis, artesanías, reciclaje, pintura, danzas, deportes, teatro, magia, desfiles de moda, entre otras. Las escuelas también promueven debates e invitan instituciones para realizar acciones en sus espacios. Estas actividades son difundidas a través de un boletín informativo de periodicidad mensual.

     c) Recuperación, desarrollo y uso de espacios públicos para jóvenes: recuperación y desarrollo de nuevas canchas, parques, plazas, bulevares y ejecución de programas deportivos y de entretenimiento dirigido. 

Atención a víctimas

Es necesaria la creación de una unidad de atención a víctimas de la violencia, con dos dimensiones:

     a) Atención psicosocial: apoyo para la contención en crisis, acompañamiento psicológico básico, individual y colectivo, y apoyo a la comprensión del contexto donde se produce la violencia.

     b) Atención jurídico-política: asesoría y acompañamiento en la elaboración de la denuncia y presión para que se lleve adelante la investigación correspondiente; y difusión de información sobre qué hacer en caso de ser víctimas de un delito.
Sistemas de información

En este apartado es necesario lo siguiente:

  • Sistema de registro sobre violencia y criminalidad, para orientar políticas: hasta ahora, las autoridades nacionales y municipales del país disponen de información agregada y no puntual acerca de los hechos violentos y delictivos en la ciudad. Ello supone un gran límite para el desarrollo de intervenciones puntuales para la contención y prevención de la violencia. Debe contarse en este sistema con información proveniente de las comunidades, el sector salud, tránsito, bomberos, protección civil, escuelas, policías, y registros municipales y parroquiales.
  • Diagnóstico de la policía y creación de un sistema de información para el monitoreo de su funcionamiento y profundización del proceso de reforma iniciado con Conarepol.

Acciones puntuales

Además de las estrategias antes descritas, un conjunto de medidas pueden desarrollarse en el corto plazo de manera urgente, las cuales deben ser evaluadas permanentemente para monitorear su efectividad:

  • Actualizar el registro de armamento del Darfa.
  • Hacer un censo de armas a nivel nacional, por medio de la administración de encuestas (tipo encuestas de victimización) donde se garantice el anonimato en el suministro de la información.
  • Registrar y/o actualizar la lista de empresas de vigilancia, armamento del que disponen y sus empleados.
  • Adelantar un registro de vigilantes privados y/o guardaespaldas.
  • Fijar un protocolo de registro y certificación como vigilante o guardaespaldas. El objetivo es controlar que cualquier persona con un arma puede desempeñar este tipo de actividad.
    1. Diseño de estrategias de intervención en materia de seguridad ciudadana que impacten directamente en el crimen organizado. Por crimen organizado no nos referimos exclusivamente a grandes carteles organizados de la droga sino también (y principalmente) a la pequeña y mediana delincuencia. 
      • Rastreo e intervención sobre pequeños puntos de venta de droga.
  • Regular la actividad de las casas de empeño y préstamo. Ello en virtud de que muchos de estos lugares constituyen el lugar de depósito y resguardo del dinero usufructuado en este tipo de secuestro.
  • Sólo permitir el traslado de un máximo de dos (2) personas por moto.
  • Todo pasajero debe tener casco.
  • El casco debe estar identificado con el número de placa de la motocicleta.
  • Regular la circulación de las motos por la autopista y vías de circulación rápida (por definición).

  5.    Medidas de atención institucional:

  • Creación de un servicio de atención directa al ciudadano/a, que permita romper con la extensa ruta crítica que debe recorrer un ciudadano para acceder a los servicios de seguridad y justicia del país (el ruleteo por diversas instituciones sin logar la información mucho menos la atención requerida). Se trata de un centro de información y registro que facilite al ciudadano, con claridad y precisión, todos los datos que necesita para: denunciar un delito, buscar atención de bomberos y protección civil.
  • Apoyo a la Dirección de Estadísticas del CICPC para la producción de información sobre criminalidad en el país (equiparlos con computadoras actualizadas, asistencia informática periódica, acceso a Internet desde las oficinas, suministro de suficiente material de trabajo como papel, toner, tinta de impresoras, acceso a líneas telefónicas para llamar al interior del país, servicio de fax).
  • Atender el tema de la basura y ornato de las calles.
  • Alumbrado público racional.
  • Organizar estacionamientos de vehículos y motos.
  • Organizar el sistema de transporte público: paradas de autobuses, prestar especial atención a los terminales.

El desarrollo de estas medidas, en conjunto, permitirá reducir gradualmente las tasas de criminalidad del país, especialmente las cifras de homicidios. Sin embargo, la principal medida es asumir la tragedia de la violencia en Venezuela como nuestro principal problema nacional, del que todos somos responsables. 

Por: Gestor de Contenidos Digitales
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