Revista COMUNICACION

SegundoTrimestre


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Presentacion
Presentación
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Venimos asistiendo desde las diversas tribunas que tiene el país, a la necesidad de clarificar las reglas de juego democrático del ejercicio de la comunicación, en la medida en que ésta constituye las prácticas de la vida política que llevamos como ciudadanos de una república. Pero esta clarificación pasa por comprender el estatuto que el Estado –o el gobierno en su condición de agente de este Estado- confiere a la comunicación en la articulación de sus políticas públicas, bien como garantía de derecho o como instrumento para la consolidación de un proyecto político. Y la comprensión que pueda obtenerse no puede soslayar la perspectiva crítica, que efectuada en nombre de los intereses de esta misma ciudadanía, procura a su vez discernir, haciendo a un lado los estereotipos con los cuales suele construirse la opinión cotidiana, legitimadora de cuantas prácticas de poder.

Ese ha sido el propósito que nos hemos planteado con la elaboración de este número de COMUNICACIÓN dedicado a revisar las relaciones entre la comunicación y el Estado: comprender hasta qué punto las políticas y las regulaciones han propiciado el libre flujo de información (si es que efectivamente lo han hecho), corrigiendo las asimetrías de acceso al espectro mediático; si, efectivamente, el uso que el Estado ha hecho de la comunicación “popular”, “alternativa”, “comunitaria” ha contribuido con el desarrollo social, empoderando las comunidades y generando capacidad crítica, o si por el contrario, el uso dado a estos conceptos los vicia de pragmatismo, si es necesario re – situarlos en el contexto de la confrontación política presente.

Hemos querido para revisar este problema, plantear su abordaje desde una perspectiva temporal, genealógica o focalizada, en el análisis de lo que han sido algunos aspectos constantes. Procuramos ubicar en el tiempo y el espacio los momentos de la relación, teniendo como hito el 11 y 13 de abril de 2002. Asimismo, caracterizar las prácticas del estado comunicador, expresadas en sus tres vertientes principales: como regulador “legítimo” de la libertad de expresión, como promotor de la comunicación “alternativa” hecha política pública, y como omnipresencia en la agenda de los medios de comunicación, en la imaginación pública y en el imaginario cotidiano presente del venezolano.

Intentamos historiar, aun a sabiendas de que es poco el tiempo transcurrido como para valorar el modo en que estos tiempos se inscriben dentro de la formación de la historia venezolana contemporánea, lo que nos ha valido para aparejar, a la crónica de los hechos, un conjunto de interpretaciones útiles, tales como ubicar el problema en el contexto global de cambio de la política contemporánea, su espectacularización y su massmediatización; la hipótesis de la relación entre los cambios en el despacho ministerial de comunicaciones y el modelo de comunicación política desarrollado; la comparación -ética, política y comunicológica- entre este diseño institucional de comunicaciones y el planteado por el Proyecto Ratelve en la década de los 70’; y la definición de las estrategias que el Estado como comunicador ha adoptado en el marco de la confrontación, en términos generales o específicos.

Otras contribuciones sirven para re-situar el contexto del análisis del caso venezolano, a la luz de procesos presentes en otros países latinoamericanos, en particular el debate sobre la ley de telecomunicaciones de México, o la evolución de la televisión chilena en el período de la concertación democrática.
Este número cuenta también con el dossier dedicado al tema electoral que incluimos en las ediciones correspondientes a este año, para hacer seguimiento a esta materia de cara a los comicios presidenciales de diciembre. Y muy especialmente, un aparte dedicado a los 60 años de existencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, uno de los pioneros de la organización gremial de la comunicación en el país.

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