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26/05/2012 Una visión política de la ciudadanía social: Jesús Machado El foco del 3er encuentro de constructores de paz estuvo en la ciudadanía y la institucionalidad. Jesús Machado se refirió a la ciudadanía más allá del voto y sus coyunturas Etiquetas:constructores de pazpazvenezuelajesus machadociudadaniaciudadania socialdesarrollodemocracia
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 Jesús Machado
Conferencia Inaugural del 3er Constructores de paz

Jesús MachadoEl vocablo “ciudadanía” ha adquirido los más variados sentidos e intenciones en los análisis de los científicos sociales, operadores políticos, ONG, sectores académicos, entre otros. Son tan variados los significados e intenciones atribuidos al concepto que pone en duda su eficacia explicativa de realidades sociopolíticas históricamente situadas.

Ello hace necesario detenerse, aunque brevemente, para distinguir a cuál “ciudadanía” nos estamos refiriendo para tratar de entendernos un poco y minimizar, en lo posible, los peligros de las confusiones en ese campo minado de los variados sentidos de la ciudadanía.

Generalmente al hablar de ciudadanía, el referente inmediato remonta al conjunto de derechos reconocidos en leyes referidos a lo civil y lo político (derecho a la igualdad; a la vida; a la libertad; a la seguridad e integridad personal; al honor; a la libertad de expresión y reunión; a la identidad y la nacionalidad; a elegir y ser elegido; de petición y al libre tránsito) derechos exigidos al Estado. Es una noción basada en una comunidad política nacional homogénea en derechos y deberes. Ésta representación social hegemónica se encuentra configurada por los presupuestos filosóficos de la teoría política liberal.

En ella se hace énfasis en un evitar a toda costa la interferencia del Estado con respecto a la voluntad soberana del individuo; separación de lo público y lo privado; el bien individual queda por encima del bien común; la relación con la política está guiada por la lógica del beneficio particular y prefiere aquellos modelos representacionales en la atención de la cosa pública, otorgando la representación de sus intereses en una élite de profesionales de la política. Como bien sabemos, se trata de mantener alejado al Estado de la mayor cantidad de dimensiones de la vida de los individuos, y obviamente ello afecta todo lo relativo a la esfera de lo social.

La sociedad es entendida como como una agregación de individuos que se igualan en contratos sociales positivizados. Todos somos libres e iguales amparados bajo la protección de leyes promulgadas bajo la idea de consenso general.

He allí que se encuentra una de las principales ficciones de la teoría política liberal. Las desigualdades, injusticias estructurales y formas de dominación político-económicas e ideológicas propias de los modelos de acumulación de capital quedan veladas bajo la ideología de igualdad general en la cualidad de sujetos jurídicos. Cada persona que habita en el territorio estaría en una situación de igualdad ante la ley.

Con los trabajos de T.H. Marshall Ciudadanía y clase social (1949) el debate en torno a la ciudadanía social, tanto en las ciencias sociales como en la política adquiere otras dimensiones por su implicación en la acción de los Estados como en las movilizaciones sociales.

El surgimiento, desarrollo y evolución de un tipo de Estado que garantizaría prestaciones básicas públicas con la intencionalidad de elevar el nivel de vida, sea un sector particular de la sociedad o su totalidad, se ha convenido llamar el Estado de Bienestar.

Este nuevo rol del Estado marca a su vez la ampliación del debate de la ciudadanía social, o la prestación de bienes y servicios sociales a una escala mayor. Pero en ello hay que tener presente que la garantía de derechos sociales no se produce por intentos de corregir las grandes tensiones producidas por las injusticias y exclusiones sino como respuesta a una crisis del sistema de acumulación vigente desde el final de la década de los 20 hasta final de los 70. En ese sentido la atención a lo social no era un replantemiento del funcionamiento de las relaciones sociales imperantes, el rescate de la justicia y la solidaridad, tanto como garantizar estabilidad política al sistema y redinamización de la economía.

El principio de igualdad abstracto, que deja de lado las diferencias de las posiciones socioeconómicas, las injusticias y las exclusiones de grandes contingentes de personas en la sociedad, intenta ser disimulado por el Estado de bienestar. El Estado intenta presentarse como la suprema expresión del interés general, ejecutando el rol de nivelador de las diferencias, volviendo comunes intereses divergentes de las diferentes clases existentes. Lo social serviría como forma de legitimación política del Estado liberal.

La intervención social del Estado de bienestar sería una forma de contención y domesticación social los sectores subalternizados. Ya que no se aspiraría a la emancipación política y social de los sujetos sino crearles situaciones de un difuso bienestar para la legitimación del Estado.

Silvia Levin (2000 – p. 117), señala que la CS puede entenderse como: “un vínculo de integración social que se construye a partir del acceso a los derechos sociales siempre cambiantes en una comunidad”. (*1)

La Ciudadanía Social tiene actualmente dos vertientes de explicación en cuanto a su surgimiento. Una apunta a un proceso de lucha de las clases subalternizadas y sus formas organizativas en el logro de derechos sociales (Trabajo digno; salud; educación; protección social; vivienda). Otra señala que han sido concesiones de los Estados liberales con relaciones de producción capitalista. Para el caso Venezolano pareciera que es más acertada la segunda de las tendencias señaladas.

En el pacto de conciliación de élites de 1958 se modelan las líneas de lo que posteriormente habría de ser el Estado liberal democrático venezolano, en cuyo texto constitucional del 61 se plasman derechos sociales y económicos que serían garantizados por el naciente Estado, al menos formalmente.

El modelo económico venezolano se ha financiado y estructurado con las ganancias de un producto en el cual no refleja el esfuerzo productivo interno. Los beneficios se obtienen producto de una relación con el mercado internacional consumidor de petróleo el cual transfiere un plusvalor al Estado propietario del bien transado no producido. El economista Dr. Asdrúbal Baptista ha desarrollado una importante obra en torno lo que ha llamado “Capitalismo rentístico” para describir, de manera muy acertada, la característica de la economía venezolana. La renta proveniente del petróleo y el uso que hace el Estado de ella, es el núcleo esencial de la relación social capitalista aún hoy vigente.

Desde la constitución del Estado-nacional venezolano se han ensayado diferentes modos de atender lo social. Desde el gomecismo hasta la década de los 70, básicamente se pretendía incorporar a las masas populares al proyecto de modernización. El estancamiento y crisis del modelo populista rentístico resultó en una incapacidad de sostener políticas sociales con cobertura universal. A finales de la década de los 80 lo social estaba reducido a la atención focalizada a sectores profundamente pauperizados. Lo social había quedado supeditado a proyectos económicos, y más particularmente lo que se había diseñado e implementado como política social no reivindicaba la ciudadanía social ni la equidad como valores importantes.

Desde esa perspectiva el desarrollo histórico político venezolano da cuenta de cómo las élites y sus proyectos modernizantes han establecido jurídicamente un conjunto de derechos sociales como parte de legitimación de sus proyectos políticos sin que necesariamente las clases subalternizadas sean protagonistas decisivos de ellos.

En referencia a la ciudadanía social para el caso venezolano, no se podría hablar de ella sin que se haga alusión a la pobreza. Que es producto de la esencia misma de cómo se ha desarrollado la formación social venezolana.

En esto es necesario tener especial cuidado para no seguir dando vuelta en torno la pobreza, sin cuestionarnos qué es lo que históricamente la ha producido y mantenido, es decir los mecanismos económicos, políticos, ideológicos, sociales, jurídicos y culturales que la producen e impiden la superación definitiva.

Las políticas públicas de prestaciones básicas públicas no pueden ser pensadas y ejecutadas como reparto de migajas a amplios sectores de la población. Es obligante examinar sobre cuáles son los cambios estructurales necesarios para superar la desigualdad, la inequidad y en el que se cuestionen el real poder de las élites y sus particulares proyectos políticos.

La ciudadanía social positivizada en la Constitución del 99, establece unos contenidos concretos que no son suceptibles de ser sometidos a los procedimientos formal-democráticos, es decir no se puede someter a discusión y elegir no tenerlos, pero la misma democracia se juega su legitimidad en la realización definitiva de estos. Ejemplo claro de ello es la crisis generalizada desde la década de los 80 con la quiebra del sistema de conciliación de élites, que construyó un modo de relacionamiento político clientelar entre las élites hegemonicas con manejo del Estado y las clases subalternizadas, como modo de dependencia y dominación en el que se manipulan las necesidades de los sectores subalternizados para lograr beneficios electorales sin que se creen las condiciones de superación estructural de la inequidad.

Ante la dificultad de satisfacer las demandas de los diferentes sectores sociales, producto del agotamiento de los recursos de la renta, que privilegió a los que tenían una posición privilegiada en los espacios de distribución de la misma, amplió aun más la brecha de la exclusión. Los intereses de grupos políticos y económicos fue sobrepuesto a la atención de las necesidades sociales crecientes de los sectores populares.

El conjunto de derechos sociales y económicos que demandan los sectores populares revelan las exclusiones y sus dimensiones. La economía contemporánea venezolana que ha tenido como eje la actividad petrolera en la que se ha hipertrofiado la dimensión productiva y en ello lo relativo a la capacidad de incorporar al mercado laboral de la producción industrial a millones de personas y así generar ingresos es una perspectiva fundamental para entender en algo la pobreza, pero solo ello no basta.

La pobreza implica una densa complejidad de factores que se sobreponen a lo meramente económico en cuanto a la generación de ingresos personales (empleo productivo), también incluye a las oportunidades, calidad, pertinencia y niveles logrados dentro de la educación formal; acceso a viviendas adecuadas; hábitat saludable; calidad y acceso a la salud, servicios públicos de primer nievl; seguridad social; alimentos y mejoras en la calidad de vida, concebidos como una totalidad orgánica y no como elementos símiles agrupables en un conjunto.

Quienes padecen la pobreza son los más interesados en salir de ella. Superar la pobreza no será posible sin la participación activa de quienes la padecen, pero tampoco sin la participación del conjunto de la sociedad. Y la acción del Estado creando las condiciones materiales e institucionales para que así pueda hacerse.

En nuestra historia contemporánea se han implementado políticas públicas que han focalizado la atención a lo social a grupos específicos. Si bien eso puede ser lo que haya que hacer puntualmente en algunos casos extremos, de modo alguno debe ser la forma de actuación frente a la pobreza en general y más aún si se pretende erradicarla de manera definitiva.

Es por ello necesario favorecer los procesos de auto-organización de los sectores populares garantizando la autonomía de sus organizaciones. Es positivo que existan políticas públicas para estimular organizaciones sociales con diferentes objetivos, como una forma de fortalecer la sujetualidad popular. Pero deja de serlo si con ello se quiere alinear a las concepciones ideológicas y políticas de grupos políticos y/o económicos. Agravándose la situación cuando desde Estado central se les impone un orden mediante mecanismos clientelares de distribución de renta sometiéndolas a su voluntad, desfigurándolas tanto en sus fines como en su autonomía.

Obviamente ello no ayuda en nada al fortalecimiento de la sujetualidad del pueblo, a la formación de la conciencia crítica frente a cualquier propuesta política que tenga como horizonte incorporarlos a esas propuestas y no como un eje articulador de un proyecto de país alternativo a lo que hasta ahora hemos conocido.

Las políticas públicas para atender lo social, y por tanto garantizar la ciudadanía social, deben ser demandadas, exigiéndoles más eficacia y eficiencia en su implementación, pero además profundizar en los mecanismos democráticos participativos y protagónicos de los sectores populares, de tal modo que el diseño, ejecución y control responda al conjunto de demandas reales de estos sectores garantizando y fortaleciendo su autonomía.

Las demandas y necesidades de los pobres son un conjunto politizable para construir una nueva institucionalidad y producción socioeconómica con justicia y eficiencia. Poner lo social en la discusión política nacional alude al debate en torno a temas álgidos que aún tenemos pendientes como la justicia, equidad, modelos y rol del Estado, y dentro de ello a los modos de producción, apropiación y/o distribución de lo producido.

Discutir lo social se impone como una acción ética de primer orden por cuanto ello implica la vida, y la calidad de ésta, de millones de personas en nuestro país sometidas a diversas formas de dominación y exclusión durante mucho tiempo.


1 LEVIN, Silvia (2000), La ciudadanía social argentina en los umbrales del siglo XXI, en HINTZE, Susana comp., Estado y Sociedad. Las políticas sociales en los umbrales del siglo XXI. Editorial Eudeba. Buenos Aires.
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